La necedad de la Reforma Electoral, El Plan B; Nada que prohíba el uso de recursos ilícitos, A Criterio de Quique Galo

La necedad de la Reforma Electoral, El Plan B; Nada que prohíba el uso de recursos ilícitos, A Criterio de Quique Galo

Tras lo ocurrido en días pasados en el Congreso de la Unión, luego del rechazo de la reforma electoral original, queda claro que en política los errores deben subsanarse con dignidad y humildad, no imponerse con necedad y capricho. Lo que quiero decir es que el llamado Plan B no debe ser el refugio de una terquedad; pues pareciera que lo que no pudo modificarse por la “puerta grande” de la Constitución, ahora se intenta forzar mediante leyes secundarias que buscan aterrizar, a toda costa, un cambio de reglas antes de la elección más grande en la historia de México: la de 2027.

Dentro de poco más de un año, no solo se renovará la Cámara Federal integrada por 500 Diputados y Diputadas, sino que estarán en juego 15 gubernaturas, 31 Congresos locales, cerca de 1,800 alcaldías y miles de sindicaturas y regidurías en todo el país, además de cargos judiciales. Se tendrá un despliegue logístico sin precedentes donde la certeza jurídica debería ser la prioridad, no la incertidumbre. Aguascalientes entrará en la contienda por la renovación de la gubernatura, las 11 presidencias municipales, síndicos y regidores, 27 diputaciones locales, 18 de mayoría y 9 plurinominales, además de las diputaciones federales de los tres distritos.

Transcurrieron apenas unos días después de que la Presidencia de la República vio que no pasó su iniciativa original, para que la maquinaria tuviera que aceitarse y atraer de nueva cuenta a los partidos aliados. El Partido Verde y el PT dejan ver que han cedido no por amor a la “austeridad republicana”, sino por supervivencia y para asegurar la continuidad de su presupuesto, aceptando debilitar la estructura del organismo encargado de organizar las elecciones: el INE.

Se dice que el Plan B pretende eliminar las juntas distritales y reducir el servicio profesional electoral. Esto conlleva el riesgo de llegar a una deficiencia operativa alarmante al desplazar a personal especializado, hombres y mujeres con años de carrera, para dejar en manos de personas sin experiencia la logística de las casillas y el conteo de votos; todo bajo el argumento de ahorrar dinero. Al debilitar la capacidad técnica del Instituto Nacional Electoral, corremos el riesgo de contar con un árbitro sin dientes frente a una ciudadanía que exige transparencia.

Y mientras las personas que promueven la reforma electoral —ahora a través del Plan B— insisten en señalar que el INE gasta mucho, dejan de lado el verdadero cáncer de los procesos electorales: la intervención de grupos delincuenciales que apuestan recursos por las candidaturas de su “preferencia”. Ahí es donde debería estar puesta la mira de cualquier legislador o legisladora.

Por ello, considero que la reforma electoral, a pesar del Plan B, quedaría a deber un mecanismo que permita blindar las campañas del dinero sucio. Si la ley no evita que los grupos delincuenciales pongan o apoyen a candidatos y candidatas de dudosa reputación, poco se avanzará en nuestra democracia. El tema de discusión no debería ser cuánto cuesta cada voto, sino quién lo financia y qué autoridades brindan protección a esos intereses oscuros.

La reforma, con su Plan B, presume austeridad pero padece de ceguera ante hechos preocupantes de intromisión criminal. Esos no son hechos aislados; son la prueba de que el crimen organizado no solo aporta para ganar el voto, sino para capturar las instituciones desde la raíz.

¿De qué sirve un Plan B para ahorrar en boletas, si no existe un Plan A integral para evitar que el dinero sucio decida quiénes aparecerán en ellas? La democracia mexicana no necesita ahorros que cuesten la legalidad y por supuesto, la paz y tranquilidad de nuestras familias, que siempre deberían estar por delante.

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