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Adultos mayores: el compromiso no cumplido del gobierno fallido, A Criterio de Patricia Mejia

El comunicado de prensa del INEGI Número 475/19 del 30 de septiembre de 2019, cita la condición de adultos mayores en México y que a continuación destaco:

“En nuestro país residen 15.4 millones de personas entre 60 y 69 años, mientras que más de la tercera parte (36.4%) entre 70 y 79 años. Sólo entre 17.4 y 3.1% su edad oscila entre los 80 y 90 años o más, respectivamente.

Los gastos destinados por las personas de 60 años o más que viven solas para alimentarse son, en promedio, de 5,209 pesos trimestrales, y apunto, hoy es una cantidad insuficiente para sostenerse dado el creciente incremento en precios reales de la inflación. En promedio, esta población gasta trimestralmente $112 pesos en medicinas, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 del INEGI; pero preciso que esta cantidad, hoy día, se encuentra muy por debajo del gasto actual en medicamentos que rondan los $1,800 pesos promedio trimestral.

Estimaciones de la ENADID 2018 indican que el porcentaje de las personas de edad que viven solas y son económicamente activas es de 41.4%. De éstas, 54.1% son hombres y 45.9% son mujeres; y también ubica como la principal fuente de ingreso la jubilación o pensión (36.7%); le siguen algún programa de gobierno (36.6%) y/o por su trabajo (34.4 por ciento); 44.1% está afiliada al IMSS, el 14.8% al ISSSTE, pero el 40% que estaba en el Seguro Popular o Seguro Médico Siglo XXI quedó desamparado ante la extinción del mismo, aunque se diga lo contrario.

La Ley de los Derechos para los Adultos Mayores (LeDePAM) establece que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas de vivienda para los adultos mayores, y en caso de estar desamparados, bridarles la protección de una casa hogar o albergues según dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 2018, (CDHCU, 2018).

Por otra parte, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), en el artículo 5 Fracción V establece que deben tener “igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral para no sufrir de discriminación por la edad”

Como podemos darnos cuenta, los adultos mayores no tienen en los hechos, las garantías que las disposiciones legales establecen como sus beneficios; a dos años y tres meses del gobierno totalitario y absolutista del ejecutivo federal, se han abatido las oportunidades de mejorar su calidad de vida a cambio de una pensión de gobierno usada como un programa clientelar al que se le disponen cada vez mayores recursos con una política demagógica, mediática y espectacular.

Recordarán ustedes que dicha pensión se otorgaba en los gobiernos anteriores a adultos mayores a partir de 65 años, este régimen ordenó que se eliminara a ese segmento y se diera a partir de los 68, pero recientemente retoma la edad inicial de 65 años; es evidente la intención clientelar, la opacidad para la administración de recursos y la irregularidad en el manejo del presupuesto.

Pero más allá, es preocupante la desatención para los adultos mayores, un ejemplo de la desconsideración para ellos, ha sido la aplicación de las vacunas, su total desorganización y su promoción como si le hicieran un favor para aplaudirle al gobierno es un evidente ejemplo; como si este no estuviera obligado a dar el servicio y como si el dinero que se usa fuera de su bolsillo; es imperante e inaplazable dotar de las condiciones de salud geriátrica, económicas, de vivienda, asistencia y vida digna para nuestros adultos mayores.

Soy Paty Mejía y como siempre, A Criterio: la mejor opinión es la suya.



 
 
 

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